El regulador ante la disrupción digital: ¿Es posible una transición ordenada?

El regulador ante la disrupción digital: ¿Es posible una transición ordenada?

En un breve intervalo de tiempo, la revolución digital ha roto el statu quo en industrias tradicionales como el transporte o el turismo. Los nuevos patrones de consumo y las posibilidades de las tecnologías de la información han levantado las protestas de taxistas, conductores de autobús u hoteleros, entre otros, contra nuevos modelos disruptivos que ofrecen servicios similares. La tendencia, lejos de frenarse, apunta a extenderse a otros sectores, como el de la logística o el financiero.

“La tecnología evoluciona mucho más rápido que el desarrollo legislativo”

En el debate político y mediático parece haberse instalado una suerte de dicotomía “susto o muerte” en la que el regulador debe decidir si cierra el mercado a los nuevos modelos, protegiendo a los sectores tradicionales, o si, por el contrario, apuesta por la desregulación (o autorregulación), en un sistema donde the winner catches all. El tiempo es especialmente determinante en tanto que la tecnología evoluciona mucho más rápido que el desarrollo legislativo.

Sin embargo, más que actuar como juez en el conflicto, la Administración se halla ante el reto de articular mayorías en torno a un marco que aúne dos mundos que hoy se rigen bajo reglas distintas pero que ofrecen servicios similares. Las plataformas digitales se amparan en el principio del libre establecimiento y Mercado Único Digital, alegando una condición de marketplace: ponen en contacto a usuarios con otros usuarios, intermedian pero no interceden. Por su parte, los operadores tradicionales defienden cumplir con unas regulaciones sectoriales mucho más exigentes. Hasta ahora ha sido la Justicia, tanto española como europea, quien ha dirimido la mayoría de conflictos sin aportar soluciones en el medio y largo plazo.

El sentido común nos lleva a concluir que aquellos actores que ofrecen un mismo servicio deben regirse por las mismas reglas, lo cual implica llegar a un punto intermedio que aúne flexibilidad y control público.

 

Desgranamos a continuación las 4 variables que consideramos críticas en la búsqueda de ese equilibrio.

  • Dicotomía economía colaborativa VS actividad profesional. El primer elemento a abordar es la propia naturaleza de las plataformas. En este sentido, la Comisión Europea en “Una Agenda Europea para la Economía Colorativa” llama a distinguir entre aquellos usuarios que ofrecen un servicio de manera ocasional de los que prestan un servicio profesional con ánimo de lucro. Es decir, esclarecer si la relación oferente-usuario se basa en un modelo de intercambio P2P (peer to peer) o si existe una relación comercial. Esta distinción tiene, a su vez, importantes consecuencias sobre la responsabilidad fiscal y legal de las plataformas y las relaciones laborales.

 

  • Dicotomía liberalización VS modelo garantista: ¿hay que revisar las barreras de entrada? La competencia desleal es uno de los principales argumentos esgrimidos por los operadores tradicionales ante el surgimiento de modelos disruptivos. En este punto sería conveniente revisar los marcos sectoriales (turismo, transporte, logística…) de tal manera que un mismo servicio profesional se regule por las mismas normas con independencia del prestador que lo ofrezca. Para ello, hay que tener en cuenta dos consideraciones:

 

  1. La revisión de las barreras de entrada. Es posible que la entrada de nuevos actores requiera flexibilizar los modelos tradicionales, dando más protagonismo a las barreras cualitativas (seguridad, calidad, experiencia, formación…) que a las cuantitativas (número de operadores capacitados, entre otros) para favorecer la competencia.
  2. El alcance del control público. El papel de los poderes públicos siempre será clave a la hora de hacer frente a las externalidades negativas (relativas al impacto negativo de una actividad sobre su entorno) generadas por las empresas. Un ejemplo sería el establecimiento de límites a la actividad empresarial para evitar episodios como subidas desorbitadas de precio o congestionamiento/sobre-oferta.

 

  • Dicotomía marketplace VS operador. Esta cuestión debería resolverse en función de si la plataforma ejerce como Marketplace (pone en contacto a oferente – consumidor sin interceder) o si, por el contrario, fija las condiciones de prestación de servicio, como pueden ser el precio, los horarios o la elección del cliente. En el segundo supuesto, velar por una adecuada protección del consumidor correspondería a la plataforma, si bien aún no está claro si debería optarse por una regulación estricta u otra donde predomine la autorregulación y las valoraciones realizadas por los propios consumidores.

 

  • Dicotomía empleados VS autónomos. Tradicionalmente, el trabajador autónomo se ha caracterizado por trabajar directamente para el mercado con plena libertad. Sin embargo, esta definición se desdibuja cuando los oferentes operan según las condiciones fijadas por las plataformas. El tipo de relación dependerá entonces de la existencia de una relación de subordinación y de exclusividad, así como de la capacidad de la plataforma para definir la remuneración o frecuencia.

 

Ante esto, empresas y decision makers deberán reforzar el diálogo y abordar los retos desde una perspectiva integral, ya que se trata de algo que impacta directamente sobre la ciudadanía, el mercado y los servicios básicos de las ciudades.

Las nuevas dinámicas ponen por delante a un consumidor cada vez más exigente

Si algo ha demostrado la revolución digital es que las nuevas dinámicas ponen por delante a un consumidor cada vez más exigente, acostumbrado a la inmediatez, y a un uso eficiente de los recursos. Por ello, la evaluación continua del impacto de las políticas públicas será clave, aprovechando –por ejemplo– el potencial del big data, para abordar un marco regulatorio que se ajuste a las necesidades y potencial de todos los actores.